La Unión Europea quiere reforzar el control sobre el sector cripto con un nuevo paquete de reglas para recolectar información de usuarios.
El reglamento fue publicado el 26 de noviembre y será comenzará a aplicar a partir del 1 de enero de 2026. La idea es introducir un sistema mucho más estricto de recogida y comunicación de datos entre empresas y autoridades fiscales de los Estados miembros de la UE.
Una unificación de datos cripto entre países miembro de la UE
La Directiva de Cooperación Administrativa, conocida como DAC8 es quién está detrás de esta propuesta. Su objetivo es que todos los países de la UE reciban la misma información, en el mismo formato y al mismo nivel de detalle. Una unificación estándar de datos.
Para que funciones, los proveedores de servicios cripto estarán obligados a informar de los movimientos y tenencias de sus clientes en un modelo digital estandarizado. Estos datos se compartirán automáticamente con las autoridades fiscales de toda la Unión.
El reglamento detalla la creación de nuevos formularios, un sistema informático unificado y un registro centralizado para todas las empresas obligadas a reportar. Cada operador recibirá un identificador de 10 dígitos, empezando por el código ISO de su país, con el fin de facilitar el seguimiento transfronterizo. Incluso si una empresa desaparece del registro, parte de la información deberá conservarse durante al menos un año, señal de la apuesta europea por una supervisión continua y sin lagunas.
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La «regla de viaje» de las criptomonedas
Este nuevo paquete de reglas se suma a otras normas que ya empiezan a entrar en juego y que van en la misma línea de mayor control y transparencia. Una de las más destacadas es la ampliación de la conocida “regla de viaje” a las criptomonedas, incluida en el Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR), que comenzó a aplicarse el 30 de diciembre de 2024.
Desde entonces, los exchanges y proveedores de monederos están obligados a identificar tanto al que envía como al que recibe cada transferencia de criptomonedas. Y en operaciones que superen los 1.000 euros, los usuarios podrían incluso tener que demostrar que el monedero desde el que operan realmente es suyo.
La UE busca así unificar la vigilancia en torno a cripto, un campo en rápida expansión y con grandes disparidades entre países.Este paquete convive con MiCA y con las futuras normas contra el blanqueo de capitales.
Las grandes plataformas deberán reforzar sus verificaciones de identidad, reportar movimientos sospechosos e incluso informar sobre el consumo energético asociado a sus operaciones.
Muchos países europeos están en contra de esta normativa
Sin embargo, hay muchos países miembros que no comparten la misma opinión con esta decisión tomada por la UE. Entre ellos, Luxemburgo, Irlanda o Malta no ven claro esta centralización de datos ya que centra demasiado el poder dejando en desventaja a los centros financieros más pequeños. Además, esto hace que encarezca el cumplimiento normativo para empresas con la normativa MiCA.
Por otro lado, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el organismo que asesora al G20, también está a favor de esto. Su principal argumento es que las leyes de confidencialidad dificultan la cooperación internacional.
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