La batalla judicial entre Ripple y la SEC lleva ya varios años. Parecía que iba a llegar a su fin cuando las dos partes presentaron una solicitud conjunta de acuerdo. Esa solicitud ha sido ahora rechazada.
La juez federal Analisa Torres no está de acuerdo con la propuesta. La intención era un intento de hacer anular un veredicto anterior y reducir la multa civil para Ripple de 125 millones de dólares a 50 millones de dólares. La juez no quiere saber nada de eso.
El fallo del jueves es nuevamente un momento importante en un caso que está en marcha desde 2020. Mientras que Ripple y la SEC claramente quieren cerrar su conflicto, el tribunal se mantiene firme: el interés público está por encima.
«Las partes no han logrado demostrar que retirar mi sentencia anterior esté en el interés público.»
¿Cuál era el plan de Ripple y la SEC?
En mayo, Ripple y la SEC llegaron al tribunal con una solicitud conjunta: un acuerdo parcial en el que se reducirían las sanciones impuestas anteriormente. Además, también se retiraría el veredicto que había condenado a Ripple por ofrecer ilegalmente valores a inversores institucionales a través de XRP, la criptomoneda propia de la empresa.
Este acuerdo no solo cerraría el capítulo jurídico, sino que también abriría el camino para que Ripple volviera a operar sin problemas en Estados Unidos. La SEC quería, tras la salida del expresidente Gary Gensler, cerrar el caso sin mayor escalada. Pero la juez ha puesto freno a eso.
¿Por qué dice no la juez?
La motivación de la juez Torres es sólida y de principios. Se refiere al precedente del Tribunal Supremo, que establece que las sentencias judiciales no solo giran en torno a los intereses de las partes involucradas, sino también al interés público y la credibilidad del sistema judicial. En sus palabras:
«Las partes deben demostrar circunstancias excepcionales que pesen más que el interés público o el procedimiento judicial. Eso no ha ocurrido aquí.»
Reconoce que la SEC como supervisora puede retractarse de decisiones anteriores y que los acuerdos son normales. Pero:
«Las partes no pueden decidir entre ellas que una sentencia de un tribunal federal, en la que se establece que se ha violado una ley del Congreso, simplemente puede ser ignorada.»
Una bomba para las cripto
Esta sentencia no es un detalle. El caso entre Ripple y la SEC es el conflicto jurídico más sonado en la historia de las criptomonedas. Cuando la SEC demandó a Ripple en diciembre de 2020 por la venta de XRP sin registro, esto se vio como un caso de prueba: ¿es una criptomoneda un valor (security) o no?
La sentencia de Torres en 2023 fue un resultado mixto. Dictaminó que Ripple en las ventas institucionales de XRP efectivamente violó la ley de valores, pero que la venta de XRP a inversores minoristas a través de exchanges quedó fuera de eso. Eso dio esperanza a las empresas cripto, y la SEC recibió un tirón de orejas.
El rechazo de la solicitud para anular esa sentencia refuerza ahora el estatus jurídico de ese veredicto. Y eso significa que la sentencia probablemente se usará como precedente en casos futuros.
¿Por qué querían esto Ripple y la SEC?
Después de años de lucha, ambas partes parecían ansiosas por cerrar el tema. Para Ripple era una forma de evitar más daño reputacional y volver a enfocar la atención en el desarrollo de productos y el crecimiento internacional. Para la SEC era quizás un paso pragmático: el nuevo liderazgo tras Gensler parecía menos dispuesto a confrontaciones frontales con grandes empresas cripto.
También la multa original de 2.000 millones de dólares que exigía la SEC se redujo drásticamente en la propuesta, una señal de que también la supervisora rehizo el cálculo jurídico. Pero la juez Torres fue clara: no podéis decidir juntos que una sentencia judicial ya no importa.
¿Qué significa esto para XRP y los inversores?
Para la comunidad XRP esto es una señal mixta. Por un lado, el veredicto de 2023 se mantiene en pie, incluida la importante distinción entre ventas institucionales y minoristas. Eso proporciona claridad para exchanges, desarrolladores e inversores. Por otro lado, el pasado jurídico de Ripple aún se cierne como una sombra sobre la empresa.
Para los inversores esto significa sobre todo que la batalla jurídica en torno a XRP aún no ha terminado completamente. Las reglas siguen en movimiento, y eso requiere alerta. Sin embargo, el hecho de que la juez Torres se mantenga firme también puede leerse como una señal de estabilidad en el sistema judicial estadounidense: no puedes simplemente hacer tratos a puerta cerrada cuando se trata de la aplicación de la legislación.
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